En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Mar\u00eda Jimena Cardoso, conden\u00f3 a Vanina Ver\u00f3nica Quiroga, de 44 a\u00f1os, como autora material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administraci\u00f3n p\u00fablica; a la pena de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional e inhabilitaci\u00f3n especial perpetua para el desempe\u00f1o de cualquier empleo o cargo en la administraci\u00f3n p\u00fablica provincial y de cualquier municipalidad de La Pampa .<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s le impuso por el plazo de dos a\u00f1os, las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y no modificarlo sin dar previamente aviso al juez de ejecuci\u00f3n penal y someterse al contralor de la unidad de abordaje, orientaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de personas en conflicto con la ley penal.<\/p>\n\n\n\n
Quiroga fue acusada de fraude contra la administraci\u00f3n p\u00fablica por no entregar las tarjetas sociales asignadas a beneficiarios espec\u00edficos y utilizarlas en su propio beneficio. Las evidencias presentadas, que incluyen actas de denuncia, informes del Ministerio de Desarrollo Social y movimientos transaccionales, sustentan la acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Quiroga, en su calidad de empleada p\u00fablica de la municipalidad de General Pico, recibi\u00f3 las tarjetas sociales destinadas a tres personas. Sin embargo, no realiz\u00f3 la entrega correspondiente a los beneficiarios. En cambio, utiliz\u00f3 dichas tarjetas para realizar compras personales en comercios locales, lo que evidencia la intenci\u00f3n de apropiarse il\u00edcitamente de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
El informe del Ministerio de Desarrollo Social confirma que las tarjetas deb\u00edan ser entregadas a los beneficiarios, quienes deb\u00edan firmar un recibo al momento de la entrega. La fiscal\u00eda ha argumentado en forma detallada sobre c\u00f3mo Quiroga utiliz\u00f3 las tarjetas sociales para su beneficio personal, especificando las fechas y montos de las transacciones realizadas con cada tarjeta, as\u00ed como el perjuicio econ\u00f3mico total ocasionado al Estado provincial.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada expres\u00f3 en el fallo que \u201cse destaca que Quiroga no solo incumpli\u00f3 su deber como empleada p\u00fablica al no entregar las tarjetas, sino que tambi\u00e9n las utiliz\u00f3 como si fuera cada uno de los beneficiarios leg\u00edtimos, lo cual demuestra una voluntad deliberada de enga\u00f1ar a la administraci\u00f3n p\u00fablica y aprovecharse del sistema destinado a ayudar a quienes realmente lo necesitan\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El acuerdo fue presentado por el fiscal general Armando Ag\u00fcero y el fiscal adjunto Mat\u00edas Juan, la imputada y la defensora particular Alejandra Rodriguez Vargas.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la sanci\u00f3n a aplicar, Cardoso agreg\u00f3 que \u201ccomo lo marca la ley procesal el acuerdo de las partes es un l\u00edmite infranqueable para el juzgador en la imposici\u00f3n de penas.\u201d<\/p>\n