El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N\u00b0 2 de San Mart\u00edn, a cargo de la jueza Martina Forns, dict\u00f3 una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto del Poder Ejecutivo que ordenaba la disoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV).<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n, que representa un nuevo rev\u00e9s para el gobierno de Javier Milei, proh\u00edbe al Ejecutivo llevar a cabo cualquier acci\u00f3n administrativa derivada del Decreto 461\/2025, incluyendo traslados, cesant\u00edas, suspensiones, pases a disponibilidad o supresi\u00f3n de estructuras vinculadas al organismo.<\/p>\n\n\n\n
La medida responde a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argument\u00f3 que el cierre de Vialidad vulnera derechos laborales y sindicales protegidos por la Constituci\u00f3n Nacional y los convenios internacionales de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT).<\/p>\n\n\n\n
La jueza Forns destac\u00f3 que la DNV, como entidad aut\u00e1rquica creada por el Decreto Ley 505\/1958, est\u00e1 regulada por la Ley de Contrato de Trabajo, y que el decreto gubernamental afecta de manera arbitraria la estabilidad laboral de los m\u00e1s de 5.000 trabajadores del organismo.<\/p>\n\n\n\n
El fallo subraya que la disoluci\u00f3n de Vialidad, dispuesta el 8 de julio de 2025 y publicada en el Bolet\u00edn Oficial, no solo compromete los derechos de los empleados, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda impactar en la gesti\u00f3n de los 40.000 kil\u00f3metros de rutas nacionales que dependen del organismo.<\/p>\n\n\n\n
El texto judicial, seg\u00fan inform\u00f3 TN, la medida del gobierno \u00abinterfiere arbitrariamente\u00bb en las negociaciones colectivas y desconoce las condiciones laborales establecidas en los convenios vigentes.<\/p>\n\n\n\n
Esta resoluci\u00f3n suspende temporalmente los planes del Ejecutivo, liderados por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulaci\u00f3n Federico Sturzenegger, de centralizar competencias y transferir funciones de Vialidad al Ministerio de Econom\u00eda y a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios P\u00fablicos de Transporte.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, la Justicia a\u00fan debe resolver sobre la constitucionalidad del decreto, un aspecto que podr\u00eda definir el futuro del organismo encargado de la infraestructura vial del pa\u00eds.<\/p>\n