La Sala B del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa confirm\u00f3 la condena contra el presidente de la Comisi\u00f3n de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Mart\u00ednez, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico. La pena impuesta incluye una multa de \\$5.000 y dos meses de inhabilitaci\u00f3n para ejercer cargos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
El fallo, que a\u00fan no est\u00e1 firme, podr\u00eda ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. Si en los pr\u00f3ximos d\u00edas no presenta ese recurso, la sentencia quedar\u00e1 firme y Mart\u00ednez deber\u00e1 abandonar su cargo.<\/p>\n\n\n\n
El caso se remonta a la emisi\u00f3n de un cheque posdatado por \\$2.600.000 a nombre de un particular, Sebasti\u00e1n Daniel Borras Cedrum, como garant\u00eda en un contrato de mutuo entre privados. Seg\u00fan el fallo, Mart\u00ednez firm\u00f3 el cheque sin la autorizaci\u00f3n previa del Poder Ejecutivo Provincial, exigida por la Ley Provincial N.\u00ba 1597, lo que deriv\u00f3 en su condena. Aunque el cheque fue rechazado por errores t\u00e9cnicos al momento de ser presentado, los jueces consideraron que el delito se consum\u00f3 en el acto mismo de la emisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Inicialmente, Mart\u00ednez hab\u00eda sido absuelto en primera instancia, pero tanto el Tribunal de Impugnaci\u00f3n Penal (TIP) como el STJ revirtieron esa decisi\u00f3n y lo declararon culpable.<\/p>\n\n\n\n
El STJ enfatiz\u00f3 en su resoluci\u00f3n que, como funcionario p\u00fablico, Mart\u00ednez ten\u00eda responsabilidades claramente delimitadas por ley. \u201cLa figura penal exige que el sujeto activo sea un funcionario obligado a cumplir determinados actos. En este caso, el imputado actu\u00f3 por fuera de esos l\u00edmites al comprometer fondos p\u00fablicos sin la autorizaci\u00f3n requerida\u201d, afirmaron los jueces.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el tribunal remarc\u00f3 que no era necesario que se produjera un perjuicio econ\u00f3mico efectivo para configurar el delito. \u201cLa consumaci\u00f3n del il\u00edcito se da en el momento en que el funcionario omite cumplir un acto funcional en el momento legalmente determinado\u201d, sostuvieron.<\/p>\n\n\n\n
En su apelaci\u00f3n, la defensa de Mart\u00ednez plante\u00f3 una supuesta incorrecta valoraci\u00f3n de las pruebas, pero el STJ rechaz\u00f3 el recurso por cuestiones t\u00e9cnicas. \u201cNo se ha planteado una cuesti\u00f3n jur\u00eddica, sino una mera discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria. El recurso de casaci\u00f3n exige la mayor precisi\u00f3n y aqu\u00ed hay falencias t\u00e9cnicas que lo tornan inadmisible\u201d, se\u00f1alaron los magistrados.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n