Ante el rechazo de la medida cautelar por el Juzgado Federal, el Estado provincial, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundaci\u00f3n Chadileuv\u00fa y la Asamblea por los R\u00edos Pampeanos interpusieron recurso de apelaci\u00f3n que se elevar\u00e1 a la C\u00e1mara de Apelaciones de Bah\u00eda Blanca para su tratamiento.<\/p>\n\n\n\n
La nueva presentaci\u00f3n tiene principal basamento en el error sustancial del rechazo, que omite analizar la cuesti\u00f3n desde una \u00f3ptica ambiental y, por ende, no aplica los principios propios del derecho ambiental, tales como el precautorio, el de prevenci\u00f3n y el de no regresi\u00f3n. Por el contrario, cita jurisprudencia y principios que no son aplicables al car\u00e1cter de la demanda.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la apelaci\u00f3n reafirma una posici\u00f3n institucional firme: cuando est\u00e1n en juego el agua, el ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras, se debe actuar con responsabilidad y con todos los instrumentos legales a su alcance para evitar retrocesos en materia de protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, en la presentaci\u00f3n se indica que la sentencia efect\u00faa una apreciaci\u00f3n restrictiva e inadecuada del requisito relativo al peligro en la demora. Pues, una vez que entr\u00f3 en vigencia la nueva ley de protecci\u00f3n a los glaciares, el peligro derivado de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen no radica exclusivamente en la existencia inmediata de un da\u00f1o ambiental consumado, sino en la potencial habilitaci\u00f3n de decisiones, autorizaciones, actividades o intervenciones futuras bajo est\u00e1ndares de protecci\u00f3n ambiental debilitados respecto del r\u00e9gimen previamente vigente. Se tratar\u00eda de autorizaciones susceptibles de generar da\u00f1os ambientales que, una vez generados, dif\u00edcilmente puedan remediarse.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, se cuestiona que la sentencia exija la acreditaci\u00f3n de un perjuicio consumado, inmediato y plenamente individualizado para tener por configurado el peligro en la demora, porque ello implica que cuando se dicte sentencia definitiva esta pueda ser tard\u00eda por encontrarse los da\u00f1os derivados de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen impugnado consumados, consolidados o materialmente dif\u00edciles de revertir.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se cuestiona el criterio seguido por el juez al concluir que en autos no se encuentran suficientemente configurada la verosimilitud del derecho.<\/p>\n\n\n\n
La demanda puso de manifiesto, de manera concreta, que la protecci\u00f3n a los glaciares deja de operar con la amplitud y uniformidad propias de un presupuesto m\u00ednimo ambiental; que el Inventario Nacional de Glaciares pierde centralidad t\u00e9cnico-cient\u00edfica; que la definici\u00f3n del objeto protegido y la intensidad de la tutela quedan crecientemente descentralizadas; y que se ampl\u00edan los m\u00e1rgenes de discrecionalidad para la autorizaci\u00f3n de actividades potencialmente lesivas.<\/p>\n\n\n\n
Entonces, no se est\u00e1 frente a una mera discrepancia pol\u00edtica con la reforma, sino del contraste verificable entre dos reg\u00edmenes jur\u00eddicos: uno anterior, que establec\u00eda una tutela uniforme, t\u00e9cnica y nacional de los glaciares y del ambiente periglacial; y otro posterior, que reduce el objeto protegido, debilita el Inventario, relativiza el rol del IANIGLA y desplaza hacia decisiones locales aspectos centrales de la delimitaci\u00f3n y operatividad del est\u00e1ndar de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por lo expuesto se manifest\u00f3 que no se trata aqu\u00ed de exigir certeza, sino de verificar que existe una probabilidad jur\u00eddica seria de que la reforma altere el sistema constitucional de tutela ambiental, y esa probabilidad emerge con nitidez del propio cotejo normativo efectuado en la demanda.<\/p>\n\n\n\n
Como se desarroll\u00f3 en el escrito de demanda y se reitera ahora en el recurso, la cautelar pretende que se suspenda la aplicaci\u00f3n de la reforma, que no se dicten ni ejecuten actos administrativos fundados en ese nuevo r\u00e9gimen y que -hasta que exista una sentencia definitiva- se mantenga vigente el sistema de protecci\u00f3n anterior previsto en la Ley 26.639.<\/p>\n\n\n\n
En esta nueva etapa, lo que se busca es que la C\u00e1mara revise el rechazo de la cautelar y disponga una protecci\u00f3n urgente mientras se resuelve la cuesti\u00f3n de fondo.<\/p>\n