La diputada provincial Celeste Rivas (PRO-MID) presentó un pedido de informes para que el Gobierno de La Pampa detalle las medidas adoptadas para cumplir con la Ley N° 3597, sancionada en 2024 con el objetivo de prevenir y abordar el consumo problemático de juegos de apuestas digitales entre niñas, niños y adolescentes.

El pedido está dirigido a los ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, Desarrollo Social y Derechos Humanos, y Conectividad y Modernización, las áreas que tienen responsabilidades en la implementación de la normativa.

Entre otros puntos, Rivas busca conocer si se realizaron talleres y acciones de prevención en las escuelas, qué medidas se tomaron para el bloqueo de plataformas de apuestas, si existen líneas de contención para jóvenes afectados por esta problemática y qué capacitaciones fueron desarrolladas.

También pidió información sobre la implementación de sistemas de identificación digital destinados a evitar que menores de edad puedan acceder a sitios de apuestas.

El planteo de la legisladora se produce luego de que el subsecretario de Salud Mental, Martín Malgá, advirtiera sobre el crecimiento de las apuestas entre adolescentes y señalara que el 23% de los jóvenes en edad escolar de La Pampa participó durante el último año en sitios o espacios de apuestas.

Frente a ese escenario, Rivas cuestionó al Ejecutivo provincial y reclamó precisiones sobre las políticas implementadas desde la sanción de la ley.

"El propio Gobierno provincial reconoce la gravedad del problema. Ahora tiene que explicar qué hizo desde 2024 para enfrentarlo", sostuvo la diputada.

En ese sentido, pidió conocer qué medidas concretas adoptaron Seguridad, Educación, Desarrollo Social y las demás áreas involucradas.

"Porque aprobar una ley y después no garantizar su cumplimiento no resuelve nada", afirmó.

El pedido de informes también apunta a determinar si el Gobierno provincial cuenta con estudios propios que permitan dimensionar el alcance de las apuestas digitales entre los menores y respaldar los datos difundidos públicamente.

Rivas consideró que, desde la aprobación de la normativa, el Ejecutivo tuvo tiempo suficiente para avanzar con las herramientas previstas.

"Hace casi dos años que la ley está vigente. El Gobierno provincial tuvo tiempo y herramientas para actuar", señaló.

La legisladora sostuvo que, frente al crecimiento de esta problemática entre los jóvenes, es necesario contar con respuestas concretas sobre el nivel de cumplimiento de la normativa.

"Necesitamos respuestas concretas y saber si lo que se aprobó se está cumpliendo", concluyó.