Un proyecto presentado en la Legislatura de La Pampa busca darle un uso productivo a determinados terrenos ubicados en inmediaciones de las rutas provinciales que actualmente se encuentran sin explotación o son utilizados de manera informal.

La iniciativa fue impulsada por los diputados radicales Sergio Pregno, Hipólito “Poli” Altolaguirre y Gisela Cuadrado, quienes plantean crear un régimen específico para autorizar actividades agrícolas en aquellas superficies que sean consideradas técnicamente aptas por la Dirección Provincial de Vialidad.

El proyecto establece una condición central: no podrán utilizarse las banquinas ni ningún espacio que resulte necesario para garantizar la seguridad del tránsito, conservar la infraestructura vial o permitir el normal funcionamiento de los caminos.

La propuesta apunta a regular una situación que, según los legisladores, se repite en distintos sectores de la provincia. Se trata de franjas de terrenos contiguas a las rutas que permanecen ociosas y que en ámbitos rurales son conocidas como “Estancia La Larga”.

La idea es que esos espacios puedan incorporarse a la producción bajo reglas precisas, sin modificar su carácter de bienes del dominio público provincial.

Cómo funcionaría el régimen

La Dirección Provincial de Vialidad tendría a su cargo la evaluación de los terrenos. Cada año debería elaborar un informe con la ubicación y superficie de los sectores que podrían ser destinados a actividades productivas.

Con esa información, los municipios y las comisiones de fomento que adhieran al sistema estarían habilitados para otorgar permisos mediante concursos o licitaciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Las autorizaciones tendrían carácter precario y oneroso, con una duración máxima de un año y posibilidad de renovación por períodos similares. El permiso no generaría derechos sobre el inmueble ni permitiría al adjudicatario reclamar una permanencia futura.

El destino estaría limitado a actividades agrícolas, entre ellas la siembra y cosecha de cereales, oleaginosas, forrajes y otros cultivos que resulten compatibles con las características del terreno.

El proyecto también contempla un criterio de prioridad. Ante igualdad de condiciones económicas y técnicas, podrían acceder primero quienes sean propietarios o arrendatarios de campos linderos a las superficies en cuestión. En segundo término, se priorizaría a las entidades de bien público de la localidad.

El dinero se repartiría entre tres destinos

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el destino que tendrían los fondos obtenidos por el Estado a través de los cánones abonados por quienes reciban los permisos.

El esquema propuesto establece que:

• 40% se destine al mantenimiento de la Red Vial Terciaria.
• 40% vaya a las cooperadoras escolares.
• 20% se distribuya entre las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la jurisdicción.

En caso de que alguna de esas instituciones no exista en una determinada localidad, la parte correspondiente sería asignada a entidades de bien público de esa comunidad.

De esta manera, los autores buscan que el eventual aprovechamiento económico de terrenos actualmente improductivos tenga un retorno directo sobre las localidades. El objetivo es que los recursos generados puedan fortalecer infraestructura vial, establecimientos educativos y servicios de emergencia.

Restricciones para evitar riesgos y daños

El proyecto también establece una serie de obligaciones para quienes accedan a los permisos. Entre ellas figuran el cuidado del suelo, el control de malezas y la prevención de incendios, además de la conservación de obras hidráulicas y de instalaciones pertenecientes al Estado.

También deberán mantenerse libres los accesos a los establecimientos rurales.

La propuesta prohíbe expresamente el pastoreo de animales, la instalación de alambrados y tendidos eléctricos y la construcción de estructuras permanentes dentro de las superficies autorizadas.

El control quedaría en manos de la Dirección Provincial de Vialidad y de los municipios y comisiones de fomento, cada uno dentro de las competencias que le correspondan.

Ante eventuales incumplimientos, el régimen contempla sanciones y la revocación de los permisos.

Para los tres legisladores radicales, el proyecto busca encontrar un punto de equilibrio entre el aprovechamiento de terrenos públicos que hoy tienen escasa utilización, el desarrollo de nuevas actividades productivas y la generación de recursos para las comunidades.

En ese esquema, remarcaron que la seguridad vial constituye una condición prioritaria y que ningún espacio necesario para el funcionamiento de las rutas podrá ser afectado por las actividades agrícolas.