La investigación legislativa por el caso del bebé de Rancul tendrá este martes uno de sus primeros capítulos centrales con la presentación de Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja que había recibido al niño dentro del programa de Familias de Contención y que cuestionó el procedimiento utilizado para retirarlo.

La comisión especial fue conformada por la Cámara de Diputados de La Pampa para analizar la actuación de los organismos provinciales que intervinieron en el operativo. Su tarea quedó delimitada desde el comienzo: no revisará las decisiones adoptadas por la Justicia respecto de la guarda preadoptiva, sino que concentrará su análisis en el accionar administrativo y operativo de los funcionarios provinciales.

El cuerpo está integrado por Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Silvia Larreta (FreJuPa), Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID).

La declaración de Díaz y Pizzani estará centrada en lo ocurrido el 7 de septiembre, cuando la pareja se negó a entregar al menor en una dependencia oficial y posteriormente fue interceptada por efectivos policiales en las inmediaciones de Eduardo Castex.

Según denunciaron los integrantes de la familia de contención, durante el procedimiento existieron situaciones que consideran irregulares y que incluyeron violencia institucional, presuntos engaños y la imposibilidad de despedirse del niño.

Desde el Gobierno provincial, en cambio, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, sostuvo que el operativo tuvo como objetivo cumplir con una resolución judicial y que la intervención buscó realizar la entrega de la manera menos traumática posible para el bebé.

Qué va a investigar la Legislatura

La comisión no tendrá como objetivo determinar si correspondía o no la guarda preadoptiva otorgada por la Justicia. Ese aspecto ya fue analizado en los tribunales provinciales.

El foco estará puesto en la actuación del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Niñez y la Policía de La Pampa, particularmente durante el procedimiento realizado para concretar la entrega del menor.

La pregunta central será si durante ese operativo existieron abusos de autoridad, faltas administrativas o irregularidades en el cumplimiento de las actuaciones oficiales.

El caso generó un fuerte debate político en la provincia y derivó en la creación de esta comisión especial, que ahora comenzará a incorporar testimonios y documentación para determinar qué ocurrió durante la intervención estatal.

La Justicia ya se pronunció sobre la guarda

Mientras avanza la investigación política, el expediente judicial tuvo otro recorrido.

El Superior Tribunal de Justicia y la Cámara de Apelaciones rechazaron los planteos realizados por Díaz y Pizzani y ratificaron el carácter transitorio del programa de Familias de Contención.

Los tribunales remarcaron que quienes participan del programa deben aceptar expresamente que la permanencia del niño es transitoria y no genera un derecho a la adopción. También señalaron que la pareja ya había participado de otros procesos de contención y conocía las condiciones del sistema.

Otro de los puntos destacados por la Justicia fue que las familias de contención no pueden desplazar el procedimiento previsto para los postulantes inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA).

Con las instancias judiciales provinciales agotadas, Díaz y Pizzani todavía podrían intentar avanzar con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, el caso ingresó en una nueva etapa. La Cámara de Diputados deberá determinar ahora si, más allá de las decisiones judiciales sobre la guarda, existieron responsabilidades administrativas o abusos durante el procedimiento utilizado para retirar al bebé de la familia de contención.