La Legislatura pampeana puso en debate el cobro de peajes y deberá definir cómo funcionará el sistema
La Comisión de Hacienda y Presupuesto comenzará a estudiar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, la UCR y diputados del FreJuPa. El debate incluirá el sistema de recaudación, los vehículos alcanzados y las cuestiones constitucionales vinculadas con el tránsito entre provincias.
La Legislatura de La Pampa comenzará a discutir formalmente la posibilidad de implementar un sistema de peajes en las rutas provinciales. La Comisión de Hacienda y Presupuesto analizará tres proyectos que plantean distintos mecanismos para cobrar por el uso de la infraestructura vial.
Las iniciativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo provincial, por el diputado radical Hipólito “Poli” Altolaguirre y por los legisladores del FreJuPa Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff.
Aunque las tres propuestas parten de una preocupación similar —el impacto que genera el tránsito pesado sobre las rutas—, no coinciden en quiénes deberían pagar, cómo se administraría la recaudación ni cuál sería el destino de los fondos.
Uno de los factores que impulsó la discusión es el incremento del transporte pesado que atraviesa la provincia, especialmente el relacionado con el traslado de arena hacia Vaca Muerta. De acuerdo con los datos mencionados en el debate legislativo, determinados corredores pampeanos registran un tránsito de entre 800 y 1.200 camiones diarios.
El eje de la discusión no estará limitado, por lo tanto, al valor de una eventual tarifa. Uno de los primeros puntos que deberá definir la comisión será qué estructura tendrá el sistema de cobro y quién administrará los recursos.
El esquema que propone el Gobierno
El proyecto enviado por el gobernador Sergio Ziliotto plantea crear un sistema de administración del cobro de peajes en las rutas provinciales y propone la creación del Fideicomiso Rutas Pampeanas.
La iniciativa establece que la administración de los recursos quede bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., mientras que la Dirección Provincial de Vialidad mantendría sus funciones relacionadas con la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas, además del control de cargas.
El proyecto contempla que los vehículos no radicados tributariamente en La Pampa queden alcanzados por el pago, aunque establece excepciones para vehículos de emergencia, oficiales y transporte público interurbano.
La recaudación, una vez descontados los gastos operativos, se distribuiría en un 90% para el Fondo Provincial Vial y un 10% para municipios y comisiones de fomento, con destino al mantenimiento de caminos vecinales.
El Ejecutivo también plantea incorporar mecanismos de cobro remoto.
La alternativa de la UCR
La propuesta de Altolaguirre tiene diferencias respecto del esquema oficial. Su proyecto crea un Régimen de Contribución por Uso de Infraestructura Vial y Control de Cargas y deja a la Dirección Provincial de Vialidad como autoridad de aplicación.
El legislador propone comenzar con dos puntos de cobro: uno sobre la ruta provincial 1, entre las rutas nacionales 5 y provincial 14, y otro sobre la ruta provincial 18, entre las rutas nacionales 35 y provincial 9.
El sistema incluiría además controles de peso, balanzas dinámicas y tecnología para el cobro, entre ellas TelePASE.
La iniciativa establece beneficios para determinados transportistas. Los vehículos radicados en La Pampa que estén al día con sus obligaciones tributarias quedarían exceptuados del pago, mientras que el transporte de cargas con origen y destino dentro de la provincia podría acceder a una bonificación del 40%, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
El dinero recaudado tendría como destino el Fondo de Mantenimiento Vial Estratégico, destinado a obras como bacheo, repavimentación, señalización y equipamiento para el control.
Altolaguirre, además, cuestionó la creación de un fideicomiso específico y planteó que la administración podría quedar directamente en manos de Vialidad Provincial.
El proyecto focalizado en Vaca Muerta
La tercera propuesta tiene un alcance más específico. Fue presentada por Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff y lleva el nombre de “Peaje petrolero y autovía”.
En este caso, el proyecto plantea una contribución especial dirigida a los camiones que transportan arena hacia Vaca Muerta. Quedarían exceptuados determinados vehículos particulares y aquellos vinculados con la producción pampeana patentados en la provincia, de acuerdo con las condiciones establecidas en la iniciativa.
La propuesta contempla que los recursos se utilicen tanto para reparar y mantener las rutas provinciales como para avanzar en la construcción de una autovía sobre los corredores afectados por el tránsito pesado.
Marín planteó públicamente distintos valores posibles para el cobro y puso como referencia un escenario de alrededor de 1.000 camiones diarios durante 15 años.
La discusión jurídica
Además de las diferencias entre los tres proyectos, la Comisión de Hacienda deberá analizar qué vehículos pueden ser alcanzados por el eventual peaje y bajo qué criterio.
El punto adquiere relevancia si el cobro se determina exclusivamente por la jurisdicción en la que está radicado un vehículo o por el tipo de carga que transporta. Allí aparece el interrogante sobre su compatibilidad con las normas que protegen el tránsito entre provincias.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el peaje no es, por sí mismo, contrario a la Constitución. Sin embargo, existen criterios sobre la relación que debe existir entre el cobro, el uso de la infraestructura y el servicio u obra vinculada con la vía de circulación.
Por eso, uno de los desafíos del debate será establecer cuál será el hecho imponible y cómo se justificará el cobro en relación con el uso y el impacto del transporte sobre las rutas.
La cuestión será particularmente relevante si el sistema termina estableciendo diferencias entre vehículos según su lugar de radicación, su carga o el recorrido que realizan.
Tres modelos sobre la mesa
Con el inicio del tratamiento en comisión, la Legislatura deberá analizar tres alternativas con características diferentes.
El Poder Ejecutivo propone un esquema general para determinados vehículos no radicados en La Pampa, con un fideicomiso para administrar los fondos. Altolaguirre plantea un sistema asociado al uso de la infraestructura y al control de cargas, con Vialidad Provincial como autoridad de aplicación. Y Marín, Páez y Nicanoff concentran su iniciativa en el transporte de arena vinculado con Vaca Muerta y suman la construcción de una autovía como destino de los recursos.
Ahora comenzará la discusión técnica y política en las comisiones. Allí se definirá si las tres propuestas avanzan por separado, si se incorporan modificaciones o si finalmente la Legislatura busca construir un único régimen de peaje para las rutas provinciales.
Franco Depaulo
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