La disputa por las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno de La Pampa presentó una medida cautelar contra el Estado Nacional para intentar frenar los efectos del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó el esquema de distribución de los fondos y dejó a Mendoza con la totalidad de los recursos.

La presentación fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y formalizada a través de la Fiscalía de Estado. El planteo busca que la Justicia suspenda de manera inmediata los artículos 3° y 4° de la norma nacional y que, mientras se resuelve la discusión de fondo, continúe vigente el sistema de reparto que rigió durante más de cinco décadas.

El argumento central de la Provincia apunta a que los derechos de La Pampa sobre esos recursos no surgieron exclusivamente del decreto de 1973 que el Gobierno nacional decidió dejar sin efecto. Según el planteo judicial, también existe un convenio interprovincial firmado en 1992 entre la Nación, Mendoza y La Pampa, que posteriormente fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.

Desde la administración pampeana sostienen que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre partes que participaron en igualdad de condiciones. Por ese motivo, consideran que ninguno de los firmantes puede modificar sus términos de manera unilateral.

La Provincia argumentó que la decisión del Ejecutivo nacional afecta principios vinculados con el federalismo, la seguridad jurídica y la buena fe entre las partes. Además, advirtió por el impacto económico que tendría para las cuentas pampeanas la pérdida de los fondos provenientes del complejo hidroeléctrico.

Pero el escrito presentado ante la Justicia incorpora otro elemento que, para La Pampa, resulta especialmente relevante: la situación ya está bajo análisis de la Corte Suprema.

La discusión se encuentra vinculada a una demanda iniciada por Mendoza contra el régimen de distribución vigente. En ese expediente, según sostiene el Gobierno pampeano, fue el propio Estado Nacional el que solicitó que La Pampa fuera incorporada al proceso por considerar que tenía un interés directo en la resolución del conflicto.

La Corte Suprema aceptó ese pedido el 27 de agosto pasado. Sin embargo, apenas dos semanas después, el Ejecutivo nacional dictó el Decreto 982/2026 y modificó por decisión propia el esquema que se encuentra relacionado con el litigio.

Para La Pampa, esa secuencia representa una contradicción que refuerza su pedido de intervención judicial. La Provincia busca evitar que el nuevo régimen produzca efectos definitivos antes de que el máximo tribunal determine cuál es el esquema que corresponde aplicar.

El planteo también apunta hacia el futuro del sistema hidroeléctrico. La administración de Ziliotto pretende que la situación patrimonial de la Provincia quede resguardada mientras avanza la discusión judicial y, especialmente, ante las próximas concesiones vinculadas con la explotación del complejo.

La presentación judicial abre así un nuevo frente en una disputa que enfrenta desde hace décadas a La Pampa y Mendoza por los recursos generados por Los Nihuiles. Esta vez, el conflicto suma directamente al Gobierno de Milei y coloca en el centro de la discusión el alcance de las facultades de la Nación para modificar acuerdos que involucran a distintas provincias.

Mientras la Corte Suprema tiene pendiente resolver la cuestión de fondo, La Pampa busca ahora que la Justicia suspenda provisoriamente el nuevo esquema de distribución y mantenga el reparto anterior hasta que exista una definición definitiva.