La investigación legislativa por el caso del bebé de Rancul sumó un nuevo foco de tensión este martes en la Cámara de Diputados de La Pampa. Funcionarios de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia concurrieron a la Legislatura para responder consultas sobre el procedimiento que derivó en el retiro del niño de una familia de contención y su posterior entrega en adopción, pero surgieron diferencias con las diputadas de la comisión especial.

El conflicto se produjo cuando las legisladoras solicitaron entrevistar a los integrantes de los equipos técnicos convocados. Según relató la diputada del PRO Noelia Viara, los funcionarios condicionaron sus respuestas a la presencia conjunta de toda la delegación, en lugar de participar de entrevistas individuales.

Ante esa postura, las diputadas resolvieron trasladarse al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar una reunión con su titular, Diego Álvarez. Viara sostuvo que la actitud de la Dirección de Niñez estaba dificultando el avance de las actuaciones parlamentarias.

“Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud de la Dirección de Niñez, que está entorpeciendo el normal desarrollo de la investigación legislativa”, afirmó la legisladora.

De acuerdo con lo informado sobre el encuentro, las diputadas se retiraron de la comisión y los funcionarios permanecieron durante más de una hora en la antesala de la sala de reuniones. La actividad de la comisión especial continuará este miércoles.

El Gobierno defendió el procedimiento y a los equipos técnicos

La delegación oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, quien explicó que la convocatoria tenía como objetivo ampliar la información presentada previamente por escrito ante la Legislatura.

El funcionario aseguró que el Ministerio entregó documentación detallada sobre el procedimiento de adopción en la provincia y su aplicación al caso de Rancul. También respaldó el desempeño de los profesionales involucrados y remarcó que las intervenciones se desarrollaron bajo las normas vigentes.

Bonino señaló que los trabajadores de los equipos técnicos son empleados de planta permanente y que sus actuaciones están sujetas a obligaciones de confidencialidad propias de sus funciones. Además, sostuvo que algunas intervenciones se encuentran bajo control judicial y, por ese motivo, fuera del alcance de la comisión legislativa.

“Estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia”, manifestó.

El subsecretario también insistió en que las decisiones del área deben regirse por la legislación vigente y tener como prioridad la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños. Esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho”, expresó.

La oposición cuestionó la modalidad de las entrevistas

Por su parte, Viara cuestionó que los funcionarios no aceptaran participar de las entrevistas en los términos planteados por las integrantes de la comisión. La diputada sostuvo que la decisión de responder únicamente de manera conjunta impidió avanzar con el esquema de trabajo previsto.

La legisladora explicó que, frente a esa situación, las representantes parlamentarias optaron por acudir directamente al Ministerio para plantear sus objeciones ante el titular de la cartera.

El episodio expuso diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance de la investigación legislativa y la posibilidad de convocar a los profesionales que intervinieron en el caso.

En este punto, existe una distinción central: mientras la comisión busca reunir información sobre las decisiones adoptadas en torno al bebé, el Gobierno sostiene que el trabajo de los equipos técnicos está sujeto a reglas de confidencialidad y a controles judiciales que deben respetarse.