El hecho ocurrió en 2009 y también están acusados un abogado y un ex empleado judicial. La causa se había cerrado en 2012 pero fue reabierta en 2017 por la declaración de un supuesto nuevo testigo.

La dirigente social jujeña Milagro Sala afronta desde este jueves un nuevo juicio oral y público ante un tribunal provincial, acusada por su presunta participación en la sustracción de un expediente judicial en 2009.

El Tribunal Criminal N°3 de Jujuy, integrado por María Margarita Nallar, Ana Carolina Pérez Rojas y Mario Puig, comenzará a juzgar a tres imputados: dos por la sustracción del documento y cohecho, y Sala como presunta “determinadora directa” de la sustracción.

Se trata de la desaparición del expediente judicial en el que tramitaba un episodio ocurrido en 2007 y conocido como “la balacera de Azopardo”, un enfrentamiento en el que resultó asesinado un joven.

En ese caso, finalmente hubo juicio oral y Sala estuvo acusada como “instigadora”, pero resultó absuelta en 2018 por el “beneficio de la duda”.

Lo que se comienza a juzgar ahora no es el homicidio (por el que hay un condenado a seis años de cárcel) sino la presunta determinación de Sala para que el ex empleado judicial Marcos Romero y el abogado Antonio Alberto Bellido sustrajeran el documento.

El fiscal general Sergio Orellana Sánchez indicó a Cadena 3 que el juicio se realizará de manera virtual por la condición de salud de Milagro Sala y que se realizó una junta medica para garantizar que esté en condiciones.

«La hipótesis del fiscal que pretende probar en el juicio es que ella habría enviado personas a realizar un tiroteo entre facciones, hecho que habría quedado asentado en un expediente que luego se eliminó», explicó, sobre los detalles de la acusación.

En cuanto a la causa, en 2012 todos los imputados fueron sobreseídos, pero en 2017 –cuando Sala ya llevaba poco menos de dos años presa por otros casos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había interesado ya por su situación- apareció un supuesto nuevo testigo, Alejandro “Pilo” Mancilla, quien había trabajado en el pasado en la agrupación Túpac Amaru.

Mancilla declaró que sabía que Sala había ordenado la sustracción y destrucción del expediente y con ese dato el fiscal Diego Cussel reabrió la investigación y la elevó a juicio.

La defensa de Sala sostiene que Mancilla es un testigo falso que en 2014 fue detenido e imputado, junto a otras personas, de secuestrar, torturar, vejar y abusar sexualmente mediante empalamiento a dos jóvenes y un menor durante 12 horas.

Según la defensa, Mancilla fue excarcelado justamente en 2017, tras dos años en prisión preventiva, y en ese contexto formuló las acusaciones contra Sala en este y en otros dos expedientes judiciales que aún no llegaron a juicio.

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