Los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, del Bloque Comunidad Organizada, solicitaron a través de un Proyecto de Resolución al Gobernador Sergio Ziliotto que genere los canales de diálogos necesarios con el Gobierno Nacional a fin de lograr la continuidad de las obras públicas de carácter nacional y/o de financiamiento mixto que se desarrollan en La Pampa.

El bloque de diputados expresó: “El proyecto insta a la generación de dialogo entre el gobierno provincial y el nacional, para que a partir de esa vía de contacto inter institucional, puedan tratarse diferentes necesidades provinciales y así arribar a soluciones mucho más viables para el pueblo pampeano, evitando consecuencias indeseables y complejas”.

“En estas últimas horas, en un primer momento las expresiones públicas del señor Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, ante una pregunta específica respecto a las obras públicas nacionales en las provincias, manifestó que las mismas no se han frenado desde el 10 de diciembre, sino con anterioridad, a partir fundamentalmente del proceso inflacionario que venía ocurriendo”.

“No obstante ello, se conoció que el Poder Ejecutivo Nacional, está dispuesto a analizar con cada gobierno de provincia, la cesión de obras originalmente contratadas por Nación a los distintos Estados Provinciales, y con ello, poniendo en manifiesto la real voluntad de la Nación de concluir las obras nacionales”.

“Al día de hoy el oficialismo provincial pretende hacerse cargo de las obras a través una ley que declara la emergencia de obra pública, sostenida dicha acción solo a partir de una previa intimación, con respuesta negativa u omisiva para así hacerse de las obras con dinero provincial”.

“Tampoco podríamos en términos jurídico-institucionales, por ningún instrumento provincial, sea decreto o ley, cambiar la jurisdicción de un contrato de obra nacional para pasarlo a un ámbito provincial, lo cual conllevaría consecuencias jurídicas, judiciales, hasta de un ámbito penal por una situación manifiestamente irregular e inapropiada, en términos de alteración de contratos y situaciones que pueden conllevar hasta falsedad ideológica, adulteración en instrumentos públicos, generando también consecuencias negativas hasta para los mismos contratistas de las obras, ” concluyeron los legisladores.