El revés que sufrió el oficialismo en el Senado el pasado jueves encendió alarmas en Casa Rosada, pero no alteró los planes del Gobierno de recomponer su vínculo con los gobernadores aliados y trazar una estrategia para vetar o judicializar las leyes sancionadas por la oposición.
En una jornada legislativa intensa, el Ejecutivo fue testigo de cómo la Cámara Alta aprobó una batería de proyectos impulsados por bloques no oficialistas: el aumento del bono jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad, el rechazo al veto por fondos para Bahía Blanca y una polémica reforma de la coparticipación federal.
A pesar del golpe, en Balcarce 50 vieron con buenos ojos el gesto de varios gobernadores cercanos, especialmente aquellos que aún responden al espacio de Juntos por el Cambio, y que ordenaron a sus senadores ausentarse o abstenerse en las votaciones para evitar el avance de algunas de las iniciativas más sensibles para el plan fiscal del Gobierno.
Gesto de gobernadores aliados
Los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) e Ignacio Torres (Chubut) fueron claves en este movimiento: aportaron cinco ausencias y dos abstenciones, que si bien no alcanzaron para frenar la sesión, marcaron una diferencia en la interna opositora. Solo acompañaron los proyectos que redistribuyen Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y recursos del impuesto a los combustibles.
Estas señales, interpretadas como un intento de moderación, reactivaron los contactos entre Nación y provincias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, trabaja para convocar a los gobernadores dialoguistas a una reunión que todavía no tiene fecha, pero que ya forma parte de la agenda de alto nivel.
“Siempre hay posibilidades de conversar. No todos los gobernadores son lo mismo”, aseguró Francos en declaraciones radiales, y diferenció entre los que, según dijo, “se dedican a gastar” y aquellos con una administración más ordenada. Su rol como articulador político vuelve a ser clave en un momento de fragilidad institucional.
La estrategia del «veto y judicialización»
Mientras se intenta recomponer el diálogo político, el Gobierno avanza en una estrategia legal para neutralizar el avance legislativo. En Casa Rosada ya se analiza un veto a las leyes aprobadas, o directamente llevar la sesión al ámbito judicial por considerar que se trató de una convocatoria “irregular”.
“Esa sesión no fue legal, no importa si Victoria estuvo sentada ahí o no”, deslizaron desde un despacho presidencial. En paralelo, los abogados del Gobierno trabajan en los argumentos jurídicos para presentar un eventual recurso ante la Justicia.
El propio presidente Javier Milei dejó en claro que no dejará pasar lo sucedido. Durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fue tajante: “Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”.
Además, lanzó duras críticas al Congreso, al que calificó como una “madriguera inmunda” habitada por “degenerados fiscales”. Incluso advirtió que, si todo lo aprobado genera efectos negativos, “el 11 de diciembre se la vamos a revertir”, en referencia al recambio parlamentario de fin de año.
Cruces con Villarruel y tensiones internas
Uno de los episodios más tensos tras la sesión fue el enfrentamiento político entre el oficialismo y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió el inicio de la jornada parlamentaria. Aunque Milei no la nombró directamente, la acusó de forma implícita de “traidora” al repasar el magro poder legislativo del oficialismo: “Todo lo que hicimos fue con el 15% de los diputados, siete senadores, una traidora y el mejor jefe de Gabinete de la historia: Guillermo Francos”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no fue tan sutil y acusó directamente a Villarruel de complicidad con el kirchnerismo: “Levántese, Sra. Vicepresidenta. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor”.
La respuesta de Villarruel no se hizo esperar y dejó entrever la creciente interna dentro del oficialismo, en un contexto en el que el Presidente busca consolidar su liderazgo sin fisuras.