Los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, Michael McCaul y Ben Cardin, respectivamente, destacaron “el enorme coraje de los jueces” por responsabilizar a Irán por los ataques a la mutual judía y a la Embajada de Israel

El Congreso de Estados Unidos expresó su respaldo al fallo de la justicia argentina en el que responsabilizó a Irán y Hezbollah por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Fue a través del senador demócrata por Texas Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y del congresista republicano de Texas Michael McCaul, titular del Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes.

El pasado 11 de abril y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, se sentenció que el ataque contra la embajada de Israel ocurrido en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

A raíz del fallo emitido, el Congreso de Estados Unidos sentó su postura. “El viernes, el tribunal superior penal de Argentina halló a Irán responsable de ordenar los atentados terroristas de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA. Elogiamos el enorme coraje de los fiscales y jueces argentinos que trabajaron para brindar transparencia a las víctimas”, indicaron.

Y completaron: “Estados Unidos debe apoyar a quienes buscan justicia y los crecientes esfuerzos por acosarlos”.

El fallo emitido por Casación, también estableció que la voladura de la AMIA corresponde a un crimen de “lesa humanidad”, de manera que Argentina puede acceder a una demanda formal a Irán. Por su parte, el juez Carlos Mahiques planeó que dicho reclamo puede ser realizado por vía diplomática por medio de un tribunal arbitral o incluso por medio de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Más allá de determinar la responsabilidad sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, la sentencia también definió una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas que todavía continúan en trámite. A su vez, se planteó que los poderes ejecutivo y legislativo definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, la modernización y dotación de mayores recursos en el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada.

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