Las universidades nacionales reclamaron este martes en el Congreso una ley que garantice mayor inversión en educación superior, sin que eso implique la creación de nuevos impuestos ni ponga en riesgo las cuentas públicas del Estado Nacional. La propuesta fue presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas de todo el país.
En una reunión con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, más de 30 rectores acompañaron al presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, y a su vice, Franco Bartolacci. El objetivo: avanzar con un proyecto de ley que asegure un piso de financiamiento para el sistema universitario, en el marco de la creciente preocupación por los recortes presupuestarios.
El encuentro fue presidido por las diputadas Blanca Osuna y Danya Tavela, y contó también con la participación de representantes gremiales docentes y nodocentes, además de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
«La propuesta no implica crear ni aumentar impuestos, ni comprometer el equilibrio fiscal», sostuvo Alpa ante los legisladores. «Lo que planteamos es una reorientación de prioridades del gasto público, para asegurar un derecho constitucional como es el acceso a la educación universitaria», agregó.
La iniciativa contempla varias medidas clave: la recuperación del poder adquisitivo del personal universitario, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023; la creación de un fondo anual de $10.000 millones para fomentar carreras consideradas estratégicas; y una ampliación progresiva del presupuesto universitario, con la meta de alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
Además, prevé un aumento sostenido en el financiamiento de becas universitarias y la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar cada año los recursos mínimos necesarios para el funcionamiento de las universidades.
Desde el CIN destacaron que el documento fue consensuado por todos los sectores que integran el sistema universitario público argentino. Ahora, la pelota quedó del lado del Congreso, que deberá transformar esa propuesta en un proyecto de ley concreto.
