La exvicepresidenta Cristina Kirchner solicitó cumplir su condena de seis años de prisión en su hogar, ubicado en San José 1111, donde reside con su hija Florencia.
La defensa argumentó que la detención domiciliaria debería ser concedida sin la imposición de una tobillera electrónica, mientras que la fiscalía exigió su detención inmediata.
Tras el fallo de la Corte Suprema, los abogados de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un extenso escrito al Tribunal Oral Federal 2. En este documento, pidieron que se evite su paso por una alcaidía y que se disponga directamente el arresto domiciliario en su residencia actual, según informaron fuentes judiciales.
El juez Jorge Gorini, a cargo del Tribunal, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten en persona en Comodoro Py y se entreguen para quedar detenidos. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento de los detenidos mientras se resuelven los planteos de las partes.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de «inmediata detención» de Kirchner, argumentando que el plazo otorgado para su presentación era excesivo, especialmente considerando que incluía un fin de semana y un feriado nacional.
La defensa de Kirchner también hizo hincapié en su edad, 72 años, y en los riesgos para su seguridad, citando el atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta. «En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria», afirmaron sus abogados.
Los letrados sostuvieron que mantener a Kirchner en una cárcel común no era compatible con los requisitos de seguridad que se deben garantizar a una persona en su situación. En este sentido, advirtieron que un eventual traslado a prisión implicaría un «régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente», lo que sería incompatible con los estándares constitucionales y convencionales en materia de ejecución penal.
Por ello, solicitaron que se le conceda el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, argumentando que su custodia las 24 horas hace que el uso de este dispositivo sea «completamente innecesario», aunque su uso está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
