Los legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical, Gisela Cuadrado y Javier Torroba, presentaron un proyecto de
ley que busca garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la fijación de tarifas de servicios públicos
en La Pampa. Teniendo como precedente el fallo «CEPIS» («Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo») de la Corte Suprema, proponen que antes de fijar u homologar tarifas de electricidad, se realicen audiencias públicas para escuchar la opinión de los usuarios.

La iniciativa responde a la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los consumidores y de asegurar
que cualquier aumento tarifario sea razonable, gradual y no afecte negativamente la economía de los pampeanos. “Las
audiencias públicas brindarán un espacio de debate y transparencia, fortaleciendo así la legitimidad de las
decisiones en materia de tarifas”, indicó Cuadrado.

Además, la normativa busca garantizar la razonabilidad de los aumentos tarifarios, respetando los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En La Pampa, se llevaron a cabo aumentos significativos sin la realización de Bloque Diputados Provinciales audiencias públicas ni la garantía de gradualidad, vulnerando
los derechos de los usuarios.

Para el diputado Torroba la gradualidad y la razonabilidad son criterios fundamentales que deben regir la política
tarifaria, por lo que la iniciativa “garantiza que estos principios sean respetados, evitando aumentos desmedidos que
afecten la economía de los pampeanos”.

Asimismo, la legisladora piquense presentó un proyecto de resolución que busca indagar sobre los recientes aumentos tarifarios en La Pampa, cuestionando la falta de transparencia y el impacto en la economía familiar y de las
pymes. Este documento complementa el objetivo del proyecto de ley, buscando no solo establecer un mecanismo de
participación ciudadana sino también exigir responsabilidad y justificación en las decisiones tarifarias.

Los representantes provinciales con dichas iniciativas intentan proteger los intereses económicos de los ciudadanos
y promover una gestión pública más participativa y equitativa, asegurando que las autoridades expliquen los
alcances de los aumentos y conozcan la opinión de los usuarios.