Una polémica licitación para la provisión de pañales para adultos, adjudicada por el PAMI bajo la gestión de Esteban Leguízamo, desató una ola de denuncias por irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia.
El contrato, valuado en U$S450 millones para tres años, fue convalidado el pasado 7 de mayo tras un proceso exprés que habría favorecido a un único oferente en detrimento de la calidad del producto y con un costo 20% superior al esquema anterior.
El convenio, el tercero más importante del PAMI después de medicamentos e internaciones, contempla la distribución de 17 millones de pañales y apósitos mensuales a más de 200.000 afiliados.
Sin embargo, la licitación, anunciada el 14 de abril y resuelta el 25 del mismo mes, dejó solo seis días hábiles para que las empresas presentaran sus ofertas, ya que el período incluyó Semana Santa.
De los cuatro interesados iniciales, solo uno logró cumplir con los requisitos, mientras que los otros tres presentaron quejas formales por la imposibilidad de preparar propuestas en tan corto plazo.
El nuevo esquema eliminaría los intermediarios tradicionales —droguerías y farmacias— para que una empresa de logística entregue los pañales directamente a los domicilios de los afiliados.
Aunque esto podría implicar un ahorro, el costo mensual para el Estado pasará de $11.000 millones a $13.000 millones, un incremento del 20%. Además, el contrato incluye un inusual anticipo del 3% del total, algo poco común en acuerdos estatales.
Las denuncias también apuntan a una reducción en la calidad del producto. Mientras el pliego anterior exigía pañales de 75 gramos con dobles capas de absorción, el nuevo solicita pañales de 50 gramos con cintas de pegado más pequeñas, lo que especialistas consideran un deterioro significativo.
«Estos cambios podrían estar orientados a facilitar la importación de pañales más livianos, reduciendo costos logísticos pero afectando la salud de los afiliados», señaló una fuente cercana al proceso.
Se sospecha, además, que el pliego fue diseñado a medida del adjudicatario, ya que la empresa ganadora había solicitado cotizaciones a fabricantes locales en marzo, antes de que se conocieran las condiciones de la licitación.
Las tres empresas excluidas están evaluando acciones judiciales para impugnar el proceso, aunque aún no han presentado denuncias formales.
El vocero presidencial y candidato en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, convocó una conferencia de prensa para hoy con el objetivo de abordar el escándalo.
A través de redes sociales, Adorni afirmó que el nuevo contrato permitirá al Estado ahorrar $5.000 millones que, según él, “durante años le robaban a los afiliados”. Sin embargo, las acusaciones de direccionamiento, sobreprecios y pérdida de calidad contradicen esta versión, generando expectativa sobre las explicaciones del Gobierno.
El caso, que suma tensión a la gestión de Leguizamo, se inscribe en un contexto de crecientes denuncias contra el PAMI, incluyendo acusaciones previas de compras sin licitación con sobreprecios de hasta el 700%.
