En medio del paquete de medidas de desregulación del mercado de cabotaje marítimo, el Gobierno nacional incluyó un cambio que generó fuerte rechazo entre los gremios docentes: a través del DNU 340/2025, se declaró a la educación como un servicio esencial, lo que implica la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación educativa, incluso durante conflictos laborales.
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y quedó disimulada en el artículo 3 del decreto, que modifica la Ley N° 25.877 (régimen laboral) e incorpora un nuevo listado de actividades esenciales. Allí se sumó «el cuidado de menores y la educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».
La noticia encendió las alarmas en La Pampa. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (Utelpa) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) advirtieron que la decisión oficial limita el derecho a huelga.
Para el Gobierno, declarar la educación como esencial significa reconocerla como una actividad clave para la seguridad, la salud y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, desde los gremios entienden que la medida tiene un objetivo claro: reducir el margen de maniobra de los sindicatos y condicionar futuras protestas.
La tensión gremial se suma a otras medidas controvertidas del Ejecutivo, que insiste en avanzar con reformas profundas a través de decretos. En este caso, la educación quedó en el centro de la disputa.
