El conflicto por las viviendas del plan ProCreAr continúa sumando capítulos. En medio del avance del Gobierno nacional para dar de baja el programa habitacional, La Pampa insiste en asumir la finalización de las 636 casas abandonadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, y propuso que el valor de lo construido se compute como parte de la deuda que Nación mantiene con la provincia.
«Al haber adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, podemos acordar con el Estado nacional cómo resolver esa deuda. Una de las opciones es que se tomen en cuenta los avances en las viviendas —que están en un 19%— y se descuenten de lo que Nación nos debe», explicó el ministro de Obras Públicas pampeano, Alfredo Intronatti, en declaraciones a Diario Textual.
Las casas sin terminar están distribuidas de la siguiente manera: 270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa. Las obras están paralizadas desde que el Gobierno de Javier Milei recortó la financiación, y las empresas constructoras denuncian que aún no cobraron los certificados adeudados por Nación.
«Hoy no le conviene a nadie tener esas obras abandonadas. Por eso pedimos que nos transfieran los contratos ya rescindidos, para poder llamar a licitación desde la Provincia y finalizar las viviendas. Hoy 636 pampeanos perdieron la posibilidad de acceder a una casa», remarcó Intronatti.
El Gobierno nacional ya firmó acuerdos similares con otras provincias como Mendoza, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Salta, entre otras, permitiéndoles asumir los proyectos inconclusos del ProCreAr. La Pampa, en cambio, sigue esperando una respuesta a sus pedidos formales para recibir el mismo trato.
Mientras tanto, las casas siguen sin terminar y los barrios, a medio construir, se convierten en un símbolo del recorte habitacional y la tensión entre Nación y las provincias.
