La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender temporalmente la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera. Se trata de una decisión clave que complica aún más la posición del Estado nacional en el millonario litigio por U$S 16.000 millones.
La información fue confirmada por el analista financiero Sebastián Maril, quien sigue de cerca el caso judicial, a través de sus redes sociales.
El Ejecutivo había solicitado un “stay” —una herramienta legal que permite postergar la aplicación de una sentencia—, con el argumento de que aún se encuentra impulsando distintas instancias de apelación dentro del sistema judicial estadounidense.
Sin embargo, Preska desestimó el planteo y ratificó su decisión, lo que habilita a los demandantes a avanzar con el proceso de ejecución de la sentencia. La magistrada ya había fallado en septiembre del año pasado a favor del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de los exaccionistas de YPF.
Desde el Gobierno anticiparon que seguirán realizando presentaciones judiciales y no descartan llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si la situación no se revierte en instancias previas.
Entre sus fundamentos, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal estadounidense y los principios de cortesía internacional. También menciona como antecedente favorable una declaración de interés emitida por el Departamento de Justicia de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump, que consideró la postura argentina como razonable.
Además, la representación legal del país advierte que la sentencia constituye un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
El pasado jueves, el Gobierno había apelado formalmente el fallo de Preska, quien a su vez había convocado a una instancia de negociación. Con esta nueva resolución, el escenario judicial y financiero para Argentina se vuelve más complejo, en un contexto económico donde cada frente externo suma presión.
