En una sesión marcada por tensiones y posiciones divididas, la Legislatura provincial dio luz verde este jueves por la tarde a la ley que habilita la incorporación a planta permanente de trabajadores contratados en los tres poderes del Estado. Si bien aún no hay una cifra oficial, fuentes legislativas estiman que la medida alcanzaría a alrededor de 300 agentes.
Durante el debate, el diputado peronista Daniel Lovera explicó que la norma surge de acuerdos paritarios y busca garantizar estabilidad laboral a quienes acreditan más de 180 días de servicio continuo. “Se trata de atender una demanda histórica del personal contratado y de dar previsibilidad a la estructura estatal”, sostuvo.
La iniciativa recibió el respaldo del bloque Frejupa y de Comunidad Organizada. Sin embargo, la oposición optó por abstenerse. Tanto el Pro como la UCR expresaron reparos sobre el procedimiento y la falta de datos concretos que acompañaran la propuesta.
El diputado radical Hipólito Altolaguirre planteó que la discusión avanzó sin contar con un tratamiento previo en comisión ni con la presencia de funcionarios que aportaran precisiones. “No se discute la importancia de otorgar estabilidad, pero necesitamos información detallada para evaluar el impacto fiscal y administrativo”, señaló.
En la misma línea, la legisladora Laura Trapaglia (Pro-MID) justificó su abstención al remarcar que no se presentó un listado de beneficiarios ni se especificó cómo se distribuirán los ingresos entre los distintos organismos. “Se pretende aprobar un proyecto del que desconocemos elementos esenciales”, advirtió.
Desde Comunidad Organizada, en cambio, defendieron la medida. Sandra Fonseca argumentó que garantizar estabilidad laboral es un paso necesario para profesionalizar el empleo público. También reiteró el pedido de crear una Escuela de Gobierno que contribuya a mejorar la formación y el desempeño del personal estatal. “La calidad de las políticas públicas depende de trabajadores capacitados y con condiciones laborales sólidas”, afirmó.
Con la aprobación de la ley, el Gobierno provincial deberá ahora avanzar en la instrumentación del pase a planta, un proceso que será seguido de cerca por los gremios y la oposición, a la espera de precisiones sobre su alcance real y su impacto presupuestario.
