La crisis política en Santa Isabel escaló este viernes a un nuevo nivel tras la decisión del Concejo Deliberante de apartar de manera preventiva al intendente Guillermo Farana. La medida, adoptada en una sesión extraordinaria atravesada por fuertes tensiones, establece una suspensión por 60 días mientras se analiza el manejo de los recursos municipales.
El desplazamiento del jefe comunal se produce en medio de un escenario de creciente conflictividad social. En los últimos días, trabajadores municipales realizaron protestas frente al edificio comunal en reclamo por la falta de pago de sus sueldos, una situación que terminó de acelerar definiciones políticas.
La votación reunió el respaldo de todos los bloques. Acompañaron la resolución los concejales Margarita Inés Hernández, Cristina Elena Vázquez y Facundo Sol, por Juntos por Santa Isabel, junto a María Elizabeth Cabral, Brian Blanco y Mariana Frías, del FreJuPa. Tras la suspensión, la viceintendenta María Cabral asumió de inmediato la conducción del Ejecutivo.
En paralelo, el Concejo avanzó con la creación de una comisión investigadora que tendrá amplias facultades para revisar el estado de las cuentas públicas. El objetivo será auditar el área contable, reconstruir el circuito de los fondos municipales y determinar las causas que derivaron en la falta de pago de salarios, además de detectar eventuales irregularidades administrativas.
El intendente suspendido ya se encontraba bajo presión política y judicial. Sobre su gestión pesan pedidos de informes y una denuncia penal que actualmente se encuentra en etapa investigativa.
El giro institucional suma un componente de fuerte carga simbólica en la política local. En 2021, el propio Farana, entonces concejal, había tenido un rol activo en el proceso que terminó con la destitución de la exintendenta Marta Paturlane. Hoy, el escenario lo encuentra en una situación inversa, obligado a dejar temporalmente el cargo.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en el plano económico. De acuerdo con versiones que circulan en el ámbito municipal, los salarios adeudados podrían regularizarse recién hacia el lunes 20 de abril, lo que mantiene el malestar entre los trabajadores.
La decisión del Concejo abre una etapa de transición en Santa Isabel, con un Ejecutivo bajo nueva conducción y una investigación en marcha que será clave para definir el futuro político del intendente suspendido.
