La relación entre la Casa Rosada y las provincias suma un nuevo capítulo de tensión. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, intimó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación para que deje sin efecto la Resolución 1085/2025, que según denunció, transforma de manera ilegal fondos fiduciarios disueltos en recursos de libre disponibilidad para el Tesoro Nacional.
El mandatario pampeano no ahorró en calificativos: acusó al Gobierno nacional de incurrir en un “abuso de autoridad” y de vulnerar tanto el Código Civil y Comercial como los límites impuestos por la Ley Bases. En la intimación presentada, Ziliotto advierte que si no se anula de inmediato la resolución, avanzará con acciones legales que podrían escalar a la Justicia federal.
La medida cuestionada implica que los fondos remanentes de diversos fideicomisos, que tenían como destino el financiamiento de programas específicos en las provincias —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, sean redireccionados al Tesoro nacional. Para el gobernador, esto representa un intento del Ejecutivo de apropiarse de recursos que no le pertenecen.
“La resolución fue dictada sin competencia y modifica la naturaleza jurídica de fondos públicos que tienen un destinatario claro: las jurisdicciones provinciales”, sostiene el texto de la intimación, al que accedió Infobae. Ziliotto insiste en que los fideicomisos no pueden ser desarmados de forma unilateral y que su liquidación debe respetar los principios establecidos en el Código Civil y Comercial argentino.
Además, apunta contra lo que considera una maniobra para “legalizar” un desvío de fondos: “Los remanentes no son propiedad del Ministerio de Economía”, subraya, y cuestiona que se intenten utilizar con fines discrecionales.
Una advertencia con tinte federal
La ofensiva de Ziliotto no es un hecho aislado, sino parte de un clima creciente de descontento entre las provincias por la distribución de recursos. La Ley Bases, sancionada con fuerte polémica, otorgó herramientas al Poder Ejecutivo que muchos mandatarios consideran excesivas. En ese contexto, La Pampa decidió plantarse.
“La Resolución 1085/2025 es nula de nulidad absoluta”, afirma el documento, que destaca la falta de competencia como uno de los vicios insalvables del acto administrativo. Para Ziliotto, lo que está en juego no es solo un principio legal, sino el futuro del desarrollo territorial: “Se está afectando el equilibrio federal y lesionando derechos fundamentales de las provincias”, expresó.
El silencio de la Nación y las posibles consecuencias
Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo no hubo una respuesta oficial a la intimación. Sin embargo, en los pasillos del Palacio de Hacienda no se descarta que otras provincias puedan sumarse al reclamo, en especial aquellas que dependen en mayor medida de los fondos fiduciarios para financiar obras y programas locales.
La advertencia de Ziliotto instala un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional, que en lo que va del año ha enfrentado diversas resistencias en su intento por centralizar el manejo de recursos y avanzar con un plan de ajuste fiscal.
Con la amenaza de judicialización latente, el escenario vuelve a poner en debate el equilibrio entre el poder central y las provincias, en un país donde el federalismo, más que una regla, parece ser una disputa constante.
