La Cámara de Diputados provincial sancionó por mayoría una norma que congela la instalación de ferias multipunto durante tres años. El oficialismo defendió la medida como una forma de proteger al comercio formal, pero la oposición alertó que se trata de “un parche” que podría no resolver el problema de fondo.
En una sesión atravesada por discursos encendidos y cruces argumentativos, la Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que declara en situación de riesgo al sistema comercial provincial y suspende la instalación de ferias informales —conocidas como “saladitas”— por tres años, con el objetivo de avanzar en una regulación definitiva de este tipo de emprendimientos, muchas veces acusados de operar sin control ni habilitaciones.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo del Frejupa (peronismo), fue defendida por el diputado Daniel Lovera, quien afirmó que el proyecto busca “proteger el sistema comercial y laboral de nuestra provincia” y frenar una competencia que, según denunció, “no cumple con requisitos legales, afecta el trabajo registrado y expone a los consumidores a productos sin trazabilidad”.
“El desarrollo económico justo y sostenible tiene que tener reglas claras. Las saladitas operan sin ningún tipo de control y eso pone en jaque a las pymes, los comerciantes de toda la vida y el empleo formal”, sostuvo Lovera durante su intervención en el recinto.
Críticas desde la oposición: “Es un parche transitorio”
Desde la UCR, el legislador Javier Torroba acompañó la iniciativa, pero no sin dejar fuertes cuestionamientos. “Esta ley es un parche. Tiene fecha de inicio y de finalización, por eso debemos trabajar en una solución definitiva”, dijo. Sin embargo, valoró que exista “compromiso de todos los bloques” para avanzar hacia una legislación más amplia y estable.
Torroba también recordó que los municipios tienen competencia primaria sobre la regulación comercial, aunque aclaró que la Constitución pampeana permite a la provincia establecer parámetros generales. “El 80% de los municipios tiene menos de 3.000 habitantes y no cuentan con equipos jurídicos permanentes. Esta situación demanda un marco normativo claro y unificado”, planteó.
Apoyo cerrado del PRO y críticas de Comunidad Organizada
Desde el PRO, la diputada Noelia Viara respaldó con firmeza la medida. “Conozco de primera mano el esfuerzo de los comerciantes que pagan sus impuestos y cumplen con la ley. Las saladitas no representan una competencia leal y ponen en riesgo a los consumidores”, subrayó. Al igual que Torroba, pidió que la suspensión no quede “en una solución provisoria”, y reclamó una ley de fondo “seria y definitiva”.
Más crítico fue el legislador Maximiliano Aliaga, del bloque Comunidad Organizada, que votó en contra del proyecto. Aunque dejó en claro que su bancada no apoya el comercio ilegal, cuestionó el enfoque de la ley: “Es una propuesta incompleta, depende de la adhesión de cada municipio y puede transformarse en un nuevo parche. No estamos en contra del comerciante pampeano, pero sí advertimos sobre los límites de este tipo de medidas”, argumentó.
Aliaga también recordó que “hace años se prometen controles que nunca se cumplen”, y alertó sobre el riesgo de aprobar leyes que no se aplican efectivamente.
Una ley con vigencia limitada y muchas incógnitas
La norma aprobada tendrá una vigencia de tres años y durante ese plazo el gobierno provincial deberá elaborar un marco regulatorio específico para las ferias multipunto. El objetivo es garantizar igualdad fiscal, previsional, trazabilidad de productos y protección para trabajadores y consumidores.
Aunque fue respaldada por la mayoría del recinto, la ley dejó en evidencia las diferencias internas en la dirigencia política pampeana sobre cómo abordar el crecimiento del comercio informal en un contexto de crisis económica y caída del consumo.
