Una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que suspende por 30 días la resolución del SENASA que permitía el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. La decisión, que se basa en un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, reaviva la tensión por el estatus sanitario de la región.
La resolución N°460 del organismo sanitario, emitida a fines de junio, había generado un fuerte rechazo en el sector ganadero, que la consideraba una amenaza para el «activo patrimonial y estratégico» que representa la zona libre de aftosa sin vacunación, logrado tras décadas de esfuerzo e inversión.
La demanda fue impulsada el pasado 29 de julio por Lucila Apolinaire, presidenta de la entidad ruralista, con el patrocinio del abogado José Luis Paños. En el escrito, argumentaron que la apertura de la barrera sanitaria «genera un riesgo sanitario grave e inmediato, con la posibilidad de pérdida automática del reconocimiento internacional». Esto, según los productores, implicaría el cierre de mercados, la caída de precios y la pérdida de empleos.
Pese a la contundencia del reclamo, la fiscalía federal había dictaminado la inadmisibilidad del amparo, al no considerar que hubiera una «arbitrariedad o ilegalidad manifiesta» en la medida. Por su parte, el SENASA defendió la resolución, argumentando que busca «modernizar y competitivizar el sector pecuario nacional» sin poner en riesgo el estatus sanitario patagónico.
Sin embargo, la jueza Borruto desestimó ambos argumentos y coincidió con las asociaciones rurales, que acusaron al Gobierno de «mentir» sobre las consecuencias. En su fallo, la magistrada sostuvo que la pérdida o degradación del estatus sanitario «acarrearía un perjuicio irreparable no solo a productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores».
Un factor determinante en la decisión de la jueza fue la reciente medida de Chile. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del país vecino suspendió las importaciones de carne desde Argentina, dejando sin efecto el reconocimiento del estatus sanitario de la región.
Esta decisión fue fundamental para justificar la urgencia del fallo y el «peligro en la demora» que estaba generando la resolución del SENASA. Para la jueza, esta situación demostró que el «perjuicio grave» ya era una realidad.
Finalmente, la magistrada defendió su resolución, afirmando que busca «garantizar el derecho de la sociedad fueguina al acceso a alimentos seguros y de calidad, como así también protege la actividad económica regional vinculada a la producción ganadera».
