La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de La Pampa se reunió este miércoles para debatir el proyecto de ley que propone implementar el juicio por jurados en la provincia. La iniciativa, largamente esperada en el ámbito judicial y político, recibió un amplio respaldo de parte de especialistas y representantes institucionales, aunque también surgieron propuestas clave para ajustar su aplicación práctica.
Durante el encuentro, que contó con la participación de referentes del Colegio de Abogados, como su presidenta Susana Germignani, se destacó el carácter constitucional de la medida. “Es una deuda histórica con la ciudadanía y una obligación en términos de calidad democrática”, coincidieron varios expositores.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del abogado Marcos Paz, quien subrayó que la implementación del juicio por jurados no es optativa. “No existe la opción de juicio por jurados no. La única opción es juicio por jurados sí”, enfatizó. Además, recordó que el mandato constitucional existe desde 1853 y advirtió que La Pampa podría quedar rezagada respecto a otras provincias. Actualmente, 14 jurisdicciones argentinas ya aplican este sistema, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.
Ajustes propuestos: gradualidad, igualdad de partes y participación ciudadana
Aunque la iniciativa fue valorada por su anclaje en el sistema anglosajón, que otorga la decisión final a un jurado popular, los especialistas advirtieron sobre la necesidad de evitar discrecionalidades. En ese sentido, Vanesa Ranocchia, también integrante del Colegio de Abogados, expresó su preocupación por la facultad del Ministerio Público Fiscal de decidir en qué casos se aplica el sistema.
“Esto debilita la igualdad de armas entre las partes. No puede depender solo de la fiscalía”, sostuvo, al tiempo que pidió una implementación “gradual” y basada en “criterios objetivos”.
Ranocchia también propuso una revisión del perfil exigido para quienes integren los jurados. Entre sus sugerencias, pidió bajar la edad mínima de participación a los 18 años, eliminar el límite máximo de 75, y quitar la exigencia de contar con oficio o profesión. “El jurado debe reflejar a la ciudadanía en toda su diversidad, con sus luces y sombras”, argumentó.
Un paso clave, en medio de un contexto federal
El debate se da en un contexto en el que cada vez más provincias argentinas avanzan hacia modelos de justicia más participativos, alineados con estándares internacionales de transparencia y control ciudadano. El juicio por jurados es visto no solo como una herramienta para democratizar el sistema penal, sino también como un mecanismo de legitimación institucional.
Ahora, el proyecto continuará su tratamiento en comisiones, mientras se analizan los aportes recibidos y se define un cronograma para su implementación.
