Concejales del PRO y del FreJuä impulsaron una medida excepcional contra la jefa comunal Graciela López. Denuncian contrataciones irregulares, rendiciones rechazadas y falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.
El Concejo Deliberante de Catriló deberá resolver en los próximos días un pedido de creación de una Comisión Investigadora contra la intendenta Graciela López y parte de su gabinete, por un conjunto de “irregularidades verificadas en el desenvolvimiento administrativo y financiero” que —según los bloques opositores del PRO y del FreJuä— comprometen los principios de legalidad y transparencia.
La medida se ampara en el Artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1597) y surge como respuesta a lo que los concejales describieron como una “persistencia de conducta omisiva y opaca” del Ejecutivo local, pese a múltiples observaciones, pedidos de informe y sanciones previas.
La Comisión Investigadora tendría un plazo de 60 días hábiles para analizar los hechos y emitir un dictamen. Su labor será de carácter administrativo, aunque deberá dar intervención judicial si surgen indicios de delitos.
Contrataciones con irregularidades y vínculos familiares
El proyecto de resolución detalla un amplio listado de presuntas irregularidades. Entre los puntos más graves, se encuentra la contratación directa de un proveedor sin habilitación comercial, Sebastián Paiva, quien además sería empleado jornalizado del municipio y hermano del Director de Ambiente Municipal.
Las órdenes de provisión —según los concejales— fueron autorizadas por su propio hermano y refrendadas por las secretarías de Hacienda, Gobierno y la intendenta, aun cuando la asesoría letrada municipal había advertido sobre las anomalías.
También se detectaron pagos que superan los límites legales para contrataciones directas y un presunto “fraccionamiento artificial” de una misma obra (como el Propays o el Acueducto Norte) en varias facturas menores, con el objetivo de evadir los procedimientos de licitación pública.
Rendiciones rechazadas y uso irregular de fondos
Otro eje de las denuncias apunta a reiteradas violaciones de la Ley de Contabilidad, con rendiciones mensuales rechazadas por destinar fondos con asignación específica a otros fines y por falta de documentación de respaldo.
Los ediles también señalaron contrataciones justificadas en supuestas “urgencias” para garantizar el suministro de agua potable, pese a que un año después el sistema aún no funciona.
Asimismo, se cuestiona la opacidad en la gestión de programas clave, como el Programa de Mejoramiento del Parque Automotor, que involucró más de $154 millones. Según el Concejo, no se presentaron las autorizaciones de compra ni se informó el destino de los fondos.
Ingresos de personal y falta de control institucional
El pedido también incluye irregularidades en la incorporación de personal, sin responder los pedidos de informe sobre nóminas, funciones y mecanismos de contratación. Además, se detectaron demoras y fraccionamientos en el pago de haberes al personal municipal, lo que —según los concejales— contradice el discurso de austeridad del Ejecutivo.
Otro punto crítico es el manejo de los fondos del Plan Mi Casa: el municipio recaudó cuotas de viviendas sociales pero no las depositó en la cuenta específica hasta que el Concejo lo requirió formalmente.
Finalmente, se identificó una factura por servicios “indeterminados”, emitida por un proveedor que no habría realizado los trabajos, lo que derivó en una explicación “confusa y contradictoria” por parte de las secretarías involucradas.
El Concejo Deliberante concluyó que este “deterioro sostenido del orden institucional” amerita la apertura de una Comisión Investigadora, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas, políticas y/o funcionales que correspondan.
