La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó al Gobierno nacional y a la provincia de La Pampa a una audiencia de conciliación para el 5 de noviembre, en el marco de la demanda presentada por la administración pampeana por la deuda previsional que la Casa Rosada mantiene con esa jurisdicción.
El encuentro se desarrollará a partir de las 11 horas en la Sede de Juicios Originarios del máximo tribunal, donde los representantes de ambas partes deberán exponer sus argumentos en torno al reclamo que La Pampa mantiene desde fines del año pasado.
La decisión de la Corte llega luego de que el Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, interpusiera una medida cautelar urgente para reclamar los fondos que —según sostiene— le corresponden por los aportes del sistema previsional provincial, y que habrían dejado de girarse desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei.
“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y en la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, expresó Ziliotto en declaraciones difundidas tras conocerse la convocatoria judicial.
El mandatario peronista había advertido en reiteradas oportunidades sobre las “graves consecuencias financieras” que provocó la interrupción de los envíos nacionales, lo que —según el gobierno pampeano— agravó el déficit previsional y comprometió el financiamiento de programas provinciales.
Desde Santa Rosa sostienen que el reclamo no sólo tiene un impacto contable, sino que también representa un “acto de defensa del federalismo”, en línea con los planteos que otras provincias mantienen ante la Corte por recortes en la coparticipación o en fondos específicos.
La audiencia del 5 de noviembre será el primer paso formal en el intento del máximo tribunal por acercar posiciones entre ambas partes, aunque en el entorno de Ziliotto anticipan que no cederán en su reclamo y que insistirán con una resolución definitiva que obligue al Estado nacional a cancelar la deuda.
Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno de Milei y los mandatarios provinciales, en especial aquellos pertenecientes al peronismo, que acusan a la administración libertaria de aplicar una política de “asfixia financiera” sobre las jurisdicciones.
