La diputada Noelia Sosa, integrante del bloque Pluralista del Frejupa, acusó al Poder Ejecutivo de elaborar un anteproyecto de licitación del área hidrocarburífera El Medanito que —según advirtió— “viola la Ley 3620” y podría ocasionar un perjuicio económico a la Provincia.
El Gobierno provincial respondió con firmeza y negó las acusaciones: “No existe todavía un pliego definitivo y no se modifica ningún criterio establecido por la ley”, señalaron fuentes oficiales a Infobae. “La posición de la diputada es política”, dispararon.
La advertencia de Sosa
Sosa, oriunda de 25 de Mayo e integrante de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación de El Medanito, aseguró haber presentado formalmente sus observaciones ante la Secretaría de Energía. En su planteo, la legisladora alertó que el texto elaborado por el Ejecutivo “viola la voluntad del Legislador” al alterar el criterio de cálculo de regalías hidrocarburíferas.
“La Ley 3620 distingue entre Producción Básica y Producción Incremental. Se aplica una regalía menor solo si la mayor producción proviene de nuevas inversiones, como perforaciones o técnicas de recuperación mejorada”, explicó. “El proyecto del Ejecutivo elimina ese criterio y considera como producción incremental toda la que supere una curva teórica basada en años de baja inversión. Eso permite pagar menos regalías sin invertir, transfiriendo ganancias ilegales al futuro operador del área”, cuestionó.
Según sus estimaciones, de aprobarse el texto actual, para 2030 apenas el 34% de la producción del yacimiento pagaría el 20% de regalías, mientras que el resto abonaría solo el 15%. “Eso es contrario al mandato legal y perjudicial para los intereses pampeanos”, afirmó.
Críticas técnicas y propuestas
La diputada también refutó los argumentos técnicos de la Secretaría de Energía, que había señalado la “imposibilidad” de medir la producción pozo por pozo. “Existen tecnologías modernas y accesibles, como medidores ultrasónicos o multifásicos, que pueden instalarse en boca de pozo. Cumplir con la ley no es un gasto, sino una inversión para la Provincia, dueña del recurso”, aseguró.
En ese sentido, propuso ajustar el pliego a la Ley 3620 con definiciones precisas de “producción básica” e “incremental”, y exigir la instalación obligatoria de caudalímetros en cada pozo nuevo o intervenido, siguiendo normas API o ISO. Además, sugirió que, en caso de fallas en esos equipos, se apliquen automáticamente las regalías más altas.
“Mi objetivo es que el pliego y el contrato de concesión reflejen lo que establece la ley y resguarden los intereses pampeanos”, concluyó Sosa.
La respuesta del Gobierno: “No hay pliego, y no se cambia nada”
Desde Casa de Gobierno desmintieron tajantemente las acusaciones. “No existe un pliego, solo un anteproyecto que circula entre los miembros de la comisión para que hagan observaciones”, explicaron. Aclararon que la nota de Sosa fue recibida y respondida verbalmente, y que se invitó a todos los integrantes de la comisión a presentar por escrito sus posiciones.
El Ejecutivo insistió en que “se mantiene la distinción entre regalías básicas e incrementales y sus respectivos porcentajes”, y que “de ninguna manera se considera producción incremental a la que no provenga de nuevas inversiones”.
Asimismo, fuentes oficiales sostuvieron que no hay perjuicio económico alguno para la Provincia y que, por el contrario, la propuesta de la diputada “podría generar pérdidas por la altísima incertidumbre del método de medición que plantea”.
“La posición de la diputada es política”, repitieron desde el entorno de Ziliotto, que busca descomprimir las tensiones internas dentro del Frejupa en pleno debate por la explotación de uno de los principales yacimientos hidrocarburíferos de La Pampa.
