El Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico dictó sentencia contra una mujer de 36 años acusada de insultar y amenazar a personal docente dentro de una escuela pública, en un hecho que además interrumpió la actividad educativa.
La resolución fue dictada por el juez Maximiliano Boga Doyhenard, quien, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la declaró autora responsable de infracciones a los artículos 91 y 92 inciso 2° del Código Contravencional. Como consecuencia, le impuso una pena de nueve días multa, equivalente a $173.295, además de una amonestación formal.
Restricciones y medidas de protección
El fallo incluye una interdicción de acercamiento respecto de tres docentes, con la obligación de mantener una distancia mínima de 100 metros de sus domicilios y la prohibición de contacto por cualquier medio —ya sea redes sociales, WhatsApp o a través de terceros— durante seis meses.
El juez también ordenó que, en caso de que la mujer deba concurrir a la escuela donde asiste su hijo, deberá abstenerse de cualquier actitud que implique hostigamiento o perturbación hacia las educadoras involucradas.
Además, se remitió copia de la sentencia a la Dirección del establecimiento escolar para su conocimiento y aplicación de las medidas dispuestas.
Los hechos y el fundamento del fallo
De acuerdo con la investigación, la mujer se presentó en la institución para reclamar por un incidente ocurrido el día anterior con su hija, y en ese contexto comenzó a gritar, insultar y amenazar a la directora, la vicedirectora y otras docentes. Las agresiones verbales provocaron la interrupción de las actividades escolares y generaron un clima de tensión en el establecimiento.
En la sentencia, el magistrado consideró que “las conductas desplegadas por la imputada resultan merecedoras de reproche contravencional, conforme lo prevén los artículos 91 y 92 del Código Contravencional”, y remarcó la necesidad de garantizar la seguridad del personal educativo.
“Corresponde exhortar a la imputada a que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”, sostuvo el juez Boga Doyhenard en su resolución.
El acuerdo fue presentado ante el tribunal por el fiscal contravencional Sebastián Rawson Paz, junto a la imputada y su defensor, Alejandro Piñeiro.
